La empresa urbanizadora garantizó el cumplimiento de sus compromisos con sus propios medios y afectando un solar de su propiedad en Madrid por valor no inferior a cuatro millones de pesetas.

Es la garantía de financiación que la Comisión Provincial de Urbanismo había impuesto como primera condición para aprobar el plan (NOTE-1966-PLAN-PARCIAL-CARRASCAL-002), formalizada en la segunda memoria, de enero de 1967.

El mismo apartado precisa el alcance del compromiso de la urbanizadora: prestar “los servicios mínimos exigidos por la Ley y aprobados por esa Comisión”. El corpus no documenta si esa garantía llegó a ejecutarse alguna vez ni qué fue del solar afectado.