Recepción de la urbanización

Solicitud administrativa que abre toda la cadena procesal de la recepción. Según la STSJ 581/2012 (pág. PDF 17), obraba en el “Expediente Administrativo Documento 1 Página 1-4”.

Resolución administrativa cuya impugnación dio lugar al PO 28/2009.

Primer pronunciamiento judicial del pleito de la recepción: la demanda de la Comunidad no superó el filtro procesal del art. 45.2 LJCA. La apelación de la Comunidad (rollo 59/2011) fue estimada por la sentencia del TSJ de 3.6.2011, que revocó esta inadmisión y declaró procedente la recepción.

Sentencia de apelación (rollo 59/2011) que revocó la sentencia de inadmisión 6/2011 del JCA nº 1 de Segovia (Sentencia 6/2011), estimó el recurso de la Comunidad de Propietarios y declaró procedente la recepción de las obras de las fases I y II a los efectos de los arts. 206 y 207 del RUCyL, en cumplimiento de su Disposición Transitoria Octava. Es la sentencia firme cuya ejecución articula todo lo demás.

Disponemos de su texto: STSJ CyL 271/2011, en la versión distribuida por el CENDOJ. Hasta entonces la sentencia se conocía solo por su transcripción en las STSJ 581/2012 y 16/2019, y su número procedía del acta de la EUC de 2015 (Acta, 2015, pág. 3): el propio documento confirma que es la 271/2011 y que resolvió el rollo de apelación 59/2011. Las citas indirectas a la STSJ 581/2012 se conservan porque acreditan además que esta sentencia es el título que se estaba ejecutando en la pieza posterior.

Auto del JCA nº 1 de Segovia que declara que la sentencia firme de 3.6.2011 no había sido ejecutada en sus propios términos y fija las actividades para su correcta ejecución. Disponemos de su texto: Auto, 2012. Su parte dispositiva coincide literalmente con la que la STSJ 581/2012 transcribía, y la fecha de 24 de febrero de 2012 —que este evento ya llevaba incorporada a su identificador— queda confirmada por el encabezamiento del propio auto. El 28 de febrero sellado en la portada es la fecha de notificación, no la del auto.

Auto de complemento del de 24.2.2012. Este pronunciamiento fue después revocado por la STSJ 581/2012, que atribuyó el coste de los servicios públicos al Ayuntamiento desde la recepción. Seguimos sin disponer de su PDF: se conoce por su transcripción en la STSJ 581/2012.

Fecha disputada: la sentencia de apelación lo fecha el 14 de mayo de 2012 y los recursos de apelación de junio de 2012, el 4 de mayo. Sin el original no hay forma de decidir, así que se representan ambas candidatas (Escrito de parte, 2012, pág. 5). El identificador de este evento conserva el 14 porque los identificadores no cambian una vez creados: es una marca de cómo se creó, no una afirmación sobre la fecha real. Sí se dispone en cambio del auto que complementa, el de 24.2.2012 (Auto, 2012), cuyas quince páginas no mencionan en ningún punto mayo de 2012: son dos resoluciones separadas y solo tenemos la primera.

Ver STSJ CyL 581/2012 y sus notas para el contenido del fallo.

Hito central de la cronología: en ejecución de la sentencia firme de 3.6.2011 y de la STSJ 581/2012, el Pleno de 3.6.2013 (acuerdo nº 7) acordó la recepción de viales, terrenos dotacionales e infraestructuras de las fases I y II, que pasan a dominio público municipal; requirió a la Comunidad de Propietarios y a Compañía Internacional de Bienes Raíces S.A. la cesión notarial de los bienes; dispuso que el Ayuntamiento comenzara a prestar los servicios de los arts. 25 y 26 LBRL, con la excepción transitoria del agua (ver 3 de junio de 2013); asumió la recogida de residuos desde el 1.7.2013; y aprobó la propuesta de estatutos de la EUC.

No se levantó acta del estado de conservación de la urbanización en ese momento (pág. PDF 30), carencia que resultó decisiva en el litigio posterior sobre la disolución de la EUC. Resuelve la incógnita que el corpus piloto dejaba abierta sobre cuándo se produjo la recepción.

Acuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Propietarios (“Acuerdo transaccional para la prestación temporal del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en las fases I y II”), aprobado como Anexo 1 del acuerdo nº 7 del Pleno de 3.6.2013 —el mismo que acordó la recepción— y homologado por auto de 28.6.2013 (ver 28 de junio de 2013). Estableció un periodo transitorio de cinco años durante el cual el abastecimiento de agua seguiría prestándose por la Comunidad de Propietarios, con las tarifas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 14.2.1996 (STSJ 114/2019, pág. PDF 8), ante la imposibilidad “técnica y jurídicamente” de que el Ayuntamiento asumiera esos servicios en ese momento (STSJ 16/2019, pág. PDF 26).

Historial de la fecha: este evento estuvo registrado como dateStatus: disputed porque la STSJ 114/2019 fecha el acuerdo de dos formas (3.6.2013 y 3.6.2018) dentro del mismo documento. La STSJ 16/2019 —que transcribe el acuerdo plenario y su cadena de homologación— corrobora 3.6.2013, por lo que se adopta esa fecha como documentada; las candidatas y su rastro se conservan en dateEvidence.

Texto primario disponible: el acuerdo transaccional íntegro consta como Anexo 1 de la certificación municipal (Comunicación, 2013, págs. PDF 4-10). Curiosamente, en esa copia certificada el documento aparece sin día de firma (“En El Espinar, a … de … de 2013”): la fecha adoptada corresponde a la aprobación del acuerdo por el Pleno, y la homologación judicial llegó el 28.6.2013.

Auto de homologación del acuerdo transaccional para la prestación temporal del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua (ver 3 de junio de 2013). Declarado firme el 15.7.2013 y notificado el 3.7.2013 a la Asociación de Copropietarios, cuyo incidente de nulidad fue rechazado por auto firme de 3.10.2013. La conformidad a derecho del acuerdo fue reconocida después por sentencias de la Sala de 16.1.2015 (rollo 157/2014) y 8.5.2018 (rollo 200/2017), cuyos PDFs no constan en el corpus.

La carta informa de que el Ayuntamiento asumió el coste del alumbrado público desde la recepción e inició en julio la recogida de basuras, que el agua seguiría prestándose “durante un periodo máximo de cinco años, debido a la insuficiencia de los medios al alcance del municipio”, y de la firmeza del acuerdo homologado tras desestimarse el incidente de nulidad el 3.10.2013.

La propuesta de estatutos se había aprobado como Anexo 2 del acuerdo plenario de 3.6.2013. Los estatutos aprobados en 2014 fueron confirmados por sentencia del JCA de Segovia (PO 62/2014) y después anulados parcialmente por la sentencia de la Sala de 29.10.2015 (ver 29 de octubre de 2015).

La inscripción se practicó mediante Resolución del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en Segovia. Hito de la secuencia de puesta en marcha de la EUC (propuesta de estatutos 3.6.2013 → aprobación de estatutos 1.8.2014 → inscripción 29.1.2015), aunque su obligación de conservación se computó judicialmente desde la recepción de 3.6.2013 y la fecha de su constitución formal está disputada (Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación).

Junta celebrada en segunda convocatoria (9:30, Hotel Tryp Comendador), inmediatamente antes de la junta de la Comunidad de Propietarios del mismo día, con 509 propietarios presentes o representados; documentada por su propia acta (Acta, 2015). En ella se aprobó el primer presupuesto de la entidad (175.130,77 €). El acuerdo aprobatorio fue anulado judicialmente por vulnerar el derecho de información de los asociados (sentencia JCA 31.1.2017, confirmada por la STSJ 141/2017).

La SAP 185/2017 la denomina “Junta de constitución de la EUC”; el acta de la propia entidad la numera como acta nº 2 y sitúa la constitución el 11.12.2014. La discrepancia se documenta en Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.

Tras la anulación parcial, el art. 4 de los estatutos quedó redactado fijando la duración de la entidad en cuatro años, “extendiéndose la obligación de mantenimiento y conservación a cargo de la Entidad hasta el día 3 de junio de 2.017 inclusive” (pág. PDF 28).

Identificación de la resolución: la STSJ 16/2019 cita esta sentencia de 29.10.2015 con tres referencias incompatibles — rollo de apelación “108/2015” (pág. 4), “sentencia 217/2015” (pág. 6) y rollo “10/2015” (pág. 28). El PDF de esa sentencia no consta en el corpus; si aparece, deberá crearse su Source y resolverse la numeración.

Es la sentencia 22/2017 (Sentencia 22/2017). La fecha exacta (31.1.2017) procede de la STSJ 141/2017, porque la extracción de texto del PDF de instancia no conserva los dígitos.

Ver STSJ CyL 141/2017 y sus notas.

Solicitud presentada una vez cumplido el 3.6.2017 el plazo de cuatro años de vigencia de la entidad. Dio lugar al expediente que concluyó con el Decreto 189/2017 denegatorio.

El Decreto se fundó en que la EUC no había acreditado el cumplimiento íntegro de sus compromisos, fines y obligaciones, como exige el art. 197 del RUCyL (pág. PDF 4). Fue impugnado en el PO 77/2017 y confirmado por el JCA de Segovia (20.7.2018) y por la STSJ 16/2019.

La sentencia de instancia consideró acreditado que entre el 1.1.2015 y el 3.6.2017 no se realizó actividad material de conservación y mantenimiento de la urbanización, sin presupuestos aprobados de la EUC en 2015-2017 (págs. PDF 5-6). No disponemos de su PDF: se conoce por su transcripción en la STSJ 16/2019, que la confirmó.

El Decreto advierte de que, transcurrido el plazo sin cumplimiento, el Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos “siendo los costes con cargo a los propietarios y miembros de la UUCCLASAR, en función de la cuota que cada uno tenga asignada” (pág. PDF 15). Es posterior al Decreto 189/2017 impugnado y por ello quedó fuera del objeto del PO 77/2017.

Auto del JCA nº 1 de Segovia que responde al escrito del Ayuntamiento de 24.5.2018 (aclarado el 31.10.2018) en el que pedía mantener lo pactado en el acuerdo transaccional hasta que la Mancomunidad estableciera el régimen del servicio de agua. Su fundamentación, transcrita en la STSJ 114/2019 (págs. PDF 7-12), documenta la situación de las infraestructuras del agua. Fue confirmado en apelación por la STSJ 114/2019. Nótese que su parte dispositiva fecha el acuerdo homologado el 3.6.2018, frente al 3.6.2013 de otras partes de la misma sentencia (ver 3 de junio de 2013).

Ver STSJ CyL 16/2019 y sus notas. La sentencia era susceptible de recurso de casación (pág. PDF 34); los documentos disponibles no acreditan si se interpuso.

Ver STSJ CyL 114/2019 y sus notas. La sentencia es firme y no cabe contra ella recurso ordinario (pág. PDF 20).