Cronología

El embalse fue construido por Compañía Internacional de Bienes Raíces S.A. en el término de Vegas de Matute, sobre terrenos hoy propiedad de Promotora Inmobiliaria La Mezquita S.A. El carácter privado de esas aguas quedó en cuestión tras la Ley de Aguas de 1985, según el informe de la CHD de 18.4.2012 (ver Comunicación, 2013, pág. 7).

Cadena de autorizaciones previa documentada en el mismo pasaje: Abastecimientos El Carrascal SL (3.9.1977, BOE nº 215) y AYCON SA (Orden de 22.12.1988), cuya autorización caducó por incumplimiento. Desde 1990 la titular del suministro es la Comunidad de Propietarios, condición sobre la que pivota el periodo transitorio pactado en 2013.

La estipulación vigésima exigía la ratificación del contrato por la junta de propietarios “para su validez”. La junta que lo trató (30.3.1991) fue anulada por sentencia del JPI nº 51 de Madrid de 26.4.1993, y la sentencia 70/2011 constata que “no consta que el referido contrato haya sido objeto de nueva aprobación en Junta de Propietarios” (pág. PDF 8). La comunicación municipal de 2013 menciona además contratos de 3.12.1990 y 12.8.1995 con ratificación en junta de 12.8.1995; la reconstrucción completa de la cadena contractual queda abierta.

Es el hito documentado más antiguo del ciclo de impugnaciones de juntas: la cesión de la propiedad de las zonas deportivas a la Comunidad exigía unanimidad por modificar el título constitutivo, y por ello se anuló. El PDF de esa sentencia no consta en el corpus; se conoce por las sentencias de 2017.

El acontecimiento documentado más antiguo del corpus después de la constitución de la urbanización. Ver Convenio, 1996 y sus notas para el contenido del pacto.

Lo firman el Vicepresidente, la Secretaria y el Tesorero de la Asociación —el primero en sustitución de la Presidenta por enfermedad— y el Presidente de la Comunidad, nombrado por la asamblea general extraordinaria de 12.8.1995 (pág. PDF 1).

Según la SAP 185/2017, esta junta —que no consta anulada judicialmente— ratificó la cesión del uso de piscina y pistas de tenis a la Comunidad (que asumía su mantenimiento) y aprobó aplazar quince años el pago de la deuda del asfaltado con Inmobiliaria La Mezquita, con último abono en 2014. El acta de la junta no consta como PDF en el corpus: se conoce por su valoración en la SAP.

Sus acuerdos 2º y 3º establecían una distribución de gastos que eximía a las parcelas sin chalet edificado de contribuir a viales, depuradoras, luz y basuras. Fueron anulados por la sentencia del JPI nº 1 de Segovia de 10.12.2002, restablecida en casación por la STS 335/2009.

Es la sentencia incorporada al corpus como Sentencia, 2002. Rechazó en cambio anular la junta de febrero de 2000, por falta de elementos probatorios y porque sus acuerdos estaban suspendidos por sentencia del JPI nº 39 de Madrid (pág. PDF 2). Fue revocada en apelación y restablecida en casación.

Su cláusula novena preveía la entrada en vigor desde la firma, pero condicionaba la “plena validez” a la ratificación por la junta. Su retribución consistía en cobrar tarifas a los abonados del agua, lo que suponía individualizar un gasto común: el acuerdo de ratificación intentado en las juntas de 14.3.2004 y 22.5.2010 fue anulado en ambas ocasiones (sentencias 139/2005 y 70/2011). Según la comunicación municipal de 2013, el contrato fue novado el 14.12.2011 en ejecución de la sentencia 70/2011.

Es la sentencia 323/2003 (Sentencia 323/2003), que avaló la individualización de gastos y levantó la suspensión cautelar de los acuerdos (acordada por auto de 19.12.2001, pág. PDF 9). Fue casada por la STS 335/2009.

Junta cuyo orden del día incluía las cuentas de los ejercicios 2000-2003 (casi tres millones de euros) votadas unitariamente. Asistieron 57 propietarios de las ~2.500 familias, más 56 representados. Declarada nula íntegramente por la sentencia 139/2005 (Sentencia 139/2005).

Ver Sentencia 139/2005 y sus notas.

En ella se aprobaron el presupuesto de 2006, las cuentas de 2005 y un informe de revisión limitada de los ejercicios 2000-2005 (pág. PDF 4). Fue anulada íntegramente por la sentencia del JPI nº 1 de 23.2.2010, confirmada por la SAP 156/2010.

Cuestión abierta: el informe de Audria de 2020 declara basarse en el acta de una “Junta General y Ordinaria” de la misma fecha (30.6.2006) que habría aprobado además los presupuestos de 2007 a 2018 (Informe, 2020, pág. 20). Los documentos no permiten determinar si se trata de la misma junta (con denominación distinta) o de dos juntas celebradas el mismo día; si fuera la misma, su base habría sido anulada judicialmente.

Solicitud administrativa que abre toda la cadena procesal de la recepción. Según la STSJ 581/2012 (pág. PDF 17), obraba en el “Expediente Administrativo Documento 1 Página 1-4”.

Resolución administrativa cuya impugnación dio lugar al PO 28/2009.

Ver Sentencia 335/2009 y sus notas. Es el punto de inflexión jurídico del conflicto de las juntas: a partir de esta doctrina, la Audiencia de Segovia abandonó su criterio anterior (SAP 156/2010) y cayeron las juntas posteriores basadas en la individualización de gastos.

Es la sentencia 34/2010 (Sentencia 34/2010), confirmada por la SAP 156/2010. La sentencia 39/2017 la cita además como precedente sobre la legitimación activa de la Asociación.

Ese día se celebraron dos juntas: la ordinaria (cuyas cuentas dejó después sin efecto la propia Comunidad para rehacer los ejercicios 2000-2009 sin individualización, acatando la STS de 29.5.2009, pág. PDF 4) y la extraordinaria, con un único punto: la aprobación del contrato de 23.12.2003 con Aquagest, aprobada con 797.696,30 m² a favor y 126.932 en contra según el acta protocolizada (pág. PDF 3). El acuerdo de la extraordinaria fue declarado nulo por la sentencia 70/2011.

Ver Sentencia 156/2010 y sus notas.

Primer pronunciamiento judicial del pleito de la recepción: la demanda de la Comunidad no superó el filtro procesal del art. 45.2 LJCA. La apelación de la Comunidad (rollo 59/2011) fue estimada por la sentencia del TSJ de 3.6.2011, que revocó esta inadmisión y declaró procedente la recepción.

Ver Sentencia 70/2011 y sus notas. Notificada el 25.3.2011; el acuerdo transaccional de 2013 sujeta las tarifas de saneamiento “a los pronunciamientos judiciales que resulten de la ejecución de la sentencia 70/2011”.

Sentencia de apelación (rollo 59/2011) que revocó la sentencia de inadmisión 6/2011 del JCA nº 1 de Segovia (Sentencia 6/2011), estimó el recurso de la Comunidad de Propietarios y declaró procedente la recepción de las obras de las fases I y II a los efectos de los arts. 206 y 207 del RUCyL, en cumplimiento de su Disposición Transitoria Octava. Es la sentencia firme cuya ejecución articula todo lo demás.

Disponemos de su texto: STSJ CyL 271/2011, en la versión distribuida por el CENDOJ. Hasta entonces la sentencia se conocía solo por su transcripción en las STSJ 581/2012 y 16/2019, y su número procedía del acta de la EUC de 2015 (Acta, 2015, pág. 3): el propio documento confirma que es la 271/2011 y que resolvió el rollo de apelación 59/2011. Las citas indirectas a la STSJ 581/2012 se conservan porque acreditan además que esta sentencia es el título que se estaba ejecutando en la pieza posterior.

Ver Sentencia 171/2011. Con esta confirmación quedó firme la nulidad del acuerdo de 22.5.2010; meses después (14.12.2011) el contrato con Aquagest fue novado en ejecución de la sentencia de instancia, según la comunicación municipal de 2013.

Auto del JCA nº 1 de Segovia que declara que la sentencia firme de 3.6.2011 no había sido ejecutada en sus propios términos y fija las actividades para su correcta ejecución. Disponemos de su texto: Auto, 2012. Su parte dispositiva coincide literalmente con la que la STSJ 581/2012 transcribía, y la fecha de 24 de febrero de 2012 —que este evento ya llevaba incorporada a su identificador— queda confirmada por el encabezamiento del propio auto. El 28 de febrero sellado en la portada es la fecha de notificación, no la del auto.

Auto de complemento del de 24.2.2012. Este pronunciamiento fue después revocado por la STSJ 581/2012, que atribuyó el coste de los servicios públicos al Ayuntamiento desde la recepción. Seguimos sin disponer de su PDF: se conoce por su transcripción en la STSJ 581/2012.

Fecha disputada: la sentencia de apelación lo fecha el 14 de mayo de 2012 y los recursos de apelación de junio de 2012, el 4 de mayo. Sin el original no hay forma de decidir, así que se representan ambas candidatas (Escrito de parte, 2012, pág. 5). El identificador de este evento conserva el 14 porque los identificadores no cambian una vez creados: es una marca de cómo se creó, no una afirmación sobre la fecha real. Sí se dispone en cambio del auto que complementa, el de 24.2.2012 (Auto, 2012), cuyas quince páginas no mencionan en ningún punto mayo de 2012: son dos resoluciones separadas y solo tenemos la primera.

Ver STSJ CyL 581/2012 y sus notas para el contenido del fallo.

Hito central de la cronología: en ejecución de la sentencia firme de 3.6.2011 y de la STSJ 581/2012, el Pleno de 3.6.2013 (acuerdo nº 7) acordó la recepción de viales, terrenos dotacionales e infraestructuras de las fases I y II, que pasan a dominio público municipal; requirió a la Comunidad de Propietarios y a Compañía Internacional de Bienes Raíces S.A. la cesión notarial de los bienes; dispuso que el Ayuntamiento comenzara a prestar los servicios de los arts. 25 y 26 LBRL, con la excepción transitoria del agua (ver 3 de junio de 2013); asumió la recogida de residuos desde el 1.7.2013; y aprobó la propuesta de estatutos de la EUC.

No se levantó acta del estado de conservación de la urbanización en ese momento (pág. PDF 30), carencia que resultó decisiva en el litigio posterior sobre la disolución de la EUC. Resuelve la incógnita que el corpus piloto dejaba abierta sobre cuándo se produjo la recepción.

Acuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Propietarios (“Acuerdo transaccional para la prestación temporal del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en las fases I y II”), aprobado como Anexo 1 del acuerdo nº 7 del Pleno de 3.6.2013 —el mismo que acordó la recepción— y homologado por auto de 28.6.2013 (ver 28 de junio de 2013). Estableció un periodo transitorio de cinco años durante el cual el abastecimiento de agua seguiría prestándose por la Comunidad de Propietarios, con las tarifas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 14.2.1996 (STSJ 114/2019, pág. PDF 8), ante la imposibilidad “técnica y jurídicamente” de que el Ayuntamiento asumiera esos servicios en ese momento (STSJ 16/2019, pág. PDF 26).

Historial de la fecha: este evento estuvo registrado como dateStatus: disputed porque la STSJ 114/2019 fecha el acuerdo de dos formas (3.6.2013 y 3.6.2018) dentro del mismo documento. La STSJ 16/2019 —que transcribe el acuerdo plenario y su cadena de homologación— corrobora 3.6.2013, por lo que se adopta esa fecha como documentada; las candidatas y su rastro se conservan en dateEvidence.

Texto primario disponible: el acuerdo transaccional íntegro consta como Anexo 1 de la certificación municipal (Comunicación, 2013, págs. PDF 4-10). Curiosamente, en esa copia certificada el documento aparece sin día de firma (“En El Espinar, a … de … de 2013”): la fecha adoptada corresponde a la aprobación del acuerdo por el Pleno, y la homologación judicial llegó el 28.6.2013.

Auto de homologación del acuerdo transaccional para la prestación temporal del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua (ver 3 de junio de 2013). Declarado firme el 15.7.2013 y notificado el 3.7.2013 a la Asociación de Copropietarios, cuyo incidente de nulidad fue rechazado por auto firme de 3.10.2013. La conformidad a derecho del acuerdo fue reconocida después por sentencias de la Sala de 16.1.2015 (rollo 157/2014) y 8.5.2018 (rollo 200/2017), cuyos PDFs no constan en el corpus.

La carta informa de que el Ayuntamiento asumió el coste del alumbrado público desde la recepción e inició en julio la recogida de basuras, que el agua seguiría prestándose “durante un periodo máximo de cinco años, debido a la insuficiencia de los medios al alcance del municipio”, y de la firmeza del acuerdo homologado tras desestimarse el incidente de nulidad el 3.10.2013.

La propuesta de estatutos se había aprobado como Anexo 2 del acuerdo plenario de 3.6.2013. Los estatutos aprobados en 2014 fueron confirmados por sentencia del JCA de Segovia (PO 62/2014) y después anulados parcialmente por la sentencia de la Sala de 29.10.2015 (ver 29 de octubre de 2015).

Las fuentes discrepan sobre cuándo se constituyó la EUC: su propia acta dice el 11.12.2014; la SAP 185/2017 declara acreditado que la “junta de constitución” fue el 2.7.2015. LASR-Web no adopta ninguna de las dos fechas mientras no aparezca el acta nº 1 de la entidad o el acto administrativo de constitución. Nótese que, a efectos jurídicos, la cuestión de la vigencia quedó zanjada al margen de la fecha de constitución: la obligación de conservar corrió del 3.6.2013 al 3.6.2017 (STSJ CyL 16/2019, pág. 28), pese a que el acta de la EUC la extendía hasta el 28.1.2019.

La inscripción se practicó mediante Resolución del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en Segovia. Hito de la secuencia de puesta en marcha de la EUC (propuesta de estatutos 3.6.2013 → aprobación de estatutos 1.8.2014 → inscripción 29.1.2015), aunque su obligación de conservación se computó judicialmente desde la recepción de 3.6.2013 y la fecha de su constitución formal está disputada (Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación).

Junta celebrada en segunda convocatoria (9:30, Hotel Tryp Comendador), inmediatamente antes de la junta de la Comunidad de Propietarios del mismo día, con 509 propietarios presentes o representados; documentada por su propia acta (Acta, 2015). En ella se aprobó el primer presupuesto de la entidad (175.130,77 €). El acuerdo aprobatorio fue anulado judicialmente por vulnerar el derecho de información de los asociados (sentencia JCA 31.1.2017, confirmada por la STSJ 141/2017).

La SAP 185/2017 la denomina “Junta de constitución de la EUC”; el acta de la propia entidad la numera como acta nº 2 y sitúa la constitución el 11.12.2014. La discrepancia se documenta en Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.

Orden del día (pág. PDF 6): información sobre la recepción y los servicios; rendición de cuentas de 2014; liquidación y regularización de saldos individuales 1999-2014; presupuesto 2015; ruegos y preguntas. Se celebró el mismo día que la junta de la EUC —constitutiva y de aprobación de su presupuesto— celebrada inmediatamente antes (2 de julio de 2015); son actos de entidades distintas.

Desenlace judicial: la sentencia 39/2017 declaró en instancia la nulidad de la junta y de todos sus acuerdos, pero la SAP Segovia 185/2017 la revocó, limitando la nulidad al punto tercero del orden del día (Sentencia 185/2017, pág. 8).

Tras la anulación parcial, el art. 4 de los estatutos quedó redactado fijando la duración de la entidad en cuatro años, “extendiéndose la obligación de mantenimiento y conservación a cargo de la Entidad hasta el día 3 de junio de 2.017 inclusive” (pág. PDF 28).

Identificación de la resolución: la STSJ 16/2019 cita esta sentencia de 29.10.2015 con tres referencias incompatibles — rollo de apelación “108/2015” (pág. 4), “sentencia 217/2015” (pág. 6) y rollo “10/2015” (pág. 28). El PDF de esa sentencia no consta en el corpus; si aparece, deberá crearse su Source y resolverse la numeración.

Es la sentencia 22/2017 (Sentencia 22/2017). La fecha exacta (31.1.2017) procede de la STSJ 141/2017, porque la extracción de texto del PDF de instancia no conserva los dígitos.

Ver Sentencia 39/2017 y sus notas. El testimonio incorporado al corpus se expidió el 14.3.2017 y fue notificado el 16.3.2017 (sello de la pág. PDF 1, que explica el nombre original del fichero “SENTENCIA 160317”).

Ver STSJ CyL 141/2017 y sus notas.

Solicitud presentada una vez cumplido el 3.6.2017 el plazo de cuatro años de vigencia de la entidad. Dio lugar al expediente que concluyó con el Decreto 189/2017 denegatorio.

Desenlace definitivo del pleito de la junta de 2.7.2015: solo el punto tercero del orden del día (liquidación de saldos 1999-2014) queda anulado. Ver Sentencia 185/2017 y sus notas.

El Decreto se fundó en que la EUC no había acreditado el cumplimiento íntegro de sus compromisos, fines y obligaciones, como exige el art. 197 del RUCyL (pág. PDF 4). Fue impugnado en el PO 77/2017 y confirmado por el JCA de Segovia (20.7.2018) y por la STSJ 16/2019.

La sentencia de instancia consideró acreditado que entre el 1.1.2015 y el 3.6.2017 no se realizó actividad material de conservación y mantenimiento de la urbanización, sin presupuestos aprobados de la EUC en 2015-2017 (págs. PDF 5-6). No disponemos de su PDF: se conoce por su transcripción en la STSJ 16/2019, que la confirmó.

El Decreto advierte de que, transcurrido el plazo sin cumplimiento, el Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos “siendo los costes con cargo a los propietarios y miembros de la UUCCLASAR, en función de la cuota que cada uno tenga asignada” (pág. PDF 15). Es posterior al Decreto 189/2017 impugnado y por ello quedó fuera del objeto del PO 77/2017.

Auto del JCA nº 1 de Segovia que responde al escrito del Ayuntamiento de 24.5.2018 (aclarado el 31.10.2018) en el que pedía mantener lo pactado en el acuerdo transaccional hasta que la Mancomunidad estableciera el régimen del servicio de agua. Su fundamentación, transcrita en la STSJ 114/2019 (págs. PDF 7-12), documenta la situación de las infraestructuras del agua. Fue confirmado en apelación por la STSJ 114/2019. Nótese que su parte dispositiva fecha el acuerdo homologado el 3.6.2018, frente al 3.6.2013 de otras partes de la misma sentencia (ver 3 de junio de 2013).

Ver STSJ CyL 16/2019 y sus notas. La sentencia era susceptible de recurso de casación (pág. PDF 34); los documentos disponibles no acreditan si se interpuso.

Ver STSJ CyL 114/2019 y sus notas. La sentencia es firme y no cabe contra ella recurso ordinario (pág. PDF 20).

El acontecimiento documentado más reciente del corpus: acredita que en 2026 la confrontación entre la Comunidad de Propietarios y la Asociación de Copropietarios continuaba, ahora en torno a la posible disolución de la propia Comunidad y a la gestión del agua por la Mancomunidad.