El acuerdo de 2.7.1996 establece que, desde el presupuesto de 1997, el reparto de los gastos de la Comunidad se realizará conforme a la cuota de participación de cada propietario equivalente al punto/m², sin efecto retroactivo.

Es el criterio cuya aplicación —y cuyo incumplimiento— recorre después dos décadas de pleitos sobre la individualización de gastos. El acuerdo lo fija por pacto en 1996 y excluye expresamente su aplicación retroactiva, lo que deja fuera del pacto todo lo devengado hasta 1996.

Se trata de un compromiso entre la Asociación y la Comunidad, no de un acuerdo de junta ni de una resolución judicial: su eficacia dependía de que la Comunidad lo trasladase a sus presupuestos. Este documento no acredita que llegara a hacerlo.