La Comunidad de Propietarios es titular de la autorización administrativa para prestar el servicio de agua en virtud de la Orden de 15 de noviembre de 1990 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

Aporta la referencia de publicación de la Orden de 1990 —BOCyL nº 232/1990, de 30 de noviembre— que el corpus conocía por su fecha pero no por su publicación, y precisa el órgano que la dictó.

Esa titularidad es la razón jurídica por la que el acuerdo transaccional pudo dejar el servicio en manos de la Comunidad durante cinco años: no se le encomendaba nada nuevo, sino que seguía ejerciendo una autorización que ya tenía (NOTE-2013-CP-LASR-CARTA-RECEPCION-003).