La STSJ 271/2011 concluye que la conservación de las obras y servicios urbanísticos es una exigencia insoslayable del Ayuntamiento, de la que solo cabe eximirse excepcionalmente y por tiempo concreto, mediante una entidad de conservación y en ningún caso a cargo de la Comunidad de Propietarios.

Esta es la raíz jurídica de la Entidad Urbanística de Conservación: no nace de una decisión vecinal, sino de una sentencia que declara que la Comunidad de Propietarios no es un vehículo admisible para conservar la urbanización y que, si el Ayuntamiento ha de quedar temporalmente exento, tiene que ser a través de una entidad urbanística y por tiempo determinado. El auto de ejecución de 24.2.2012 tradujo esa exigencia en un plazo máximo de cuatro años.

La Sala llega a esta conclusión tras transcribir extensamente la STS de 18 de enero de 2006 (rec. 6755/2002) y otras resoluciones sobre la duración de las entidades de conservación (págs. PDF 23-25); la frase citada es ya conclusión propia de la Sala, no texto transcrito, aunque una formulación casi idéntica aparece en la pág. PDF 24 dentro de la sentencia transcrita.