El Ayuntamiento alegó en la apelación que algunas instalaciones, viales y servicios de la urbanización eran de titularidad de empresas privadas, lo que a su juicio exigía aclarar la titularidad antes de la recepción.

Alegación de parte, no hecho probado: la Sala no declara probada esta titularidad; responde que las singulares circunstancias de la urbanización no impiden ejecutar la sentencia firme, aunque su aplicación exija “una buena dosis de mesura, conciliación y transacción” (pág. PDF 14). La cuestión de las titularidades privadas de infraestructuras reaparece, ya como situación descrita por el juzgado, en el auto transcrito en la STSJ 114/2019 (ver NOTE-2019-TSJCYL-114-004).